Caracas, 22 de agosto de 2024 | El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, ha ratificado la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, sellando el respaldo institucional al partido gobernante. La sentencia otorga a Maduro otro mandato de seis años, que comenzará en enero e iría hasta el 2031.
Desde la votación y las protestas antigubernamentales en las que han muerto 23 manifestantes y ha habido 2.400 detenciones según Naciones Unidas, la administración de Maduro ha llevado a cabo lo que la oposición y grupos de derechos humanos y sindicatos han caracterizado como una represión contra la disidencia.
Las acciones han incluido arrestos de figuras de la oposición y manifestantes, una investigación contra líderes de la oposición por supuestamente incitar a los militares para cometer delitos, la aprobación de una serie de reglas que endurecen el control sobre las ONG, y renuncias forzadas de empleados estatales que supuestamente apoyaban a la oposición.
Tras conocer la sentencia, el candidato ha mostrado su oposición al anuncio: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad«, ha recalcado en X.
Ya en su momento, cuando Maduro pidió al Tribunal que verificara los resultados, González no asistió a la citación del recuento. La oposición dice que dicho órgano, aunque constitucionalmente independiente, funciona como un brazo del partido gobernante.
La falta de entrega de sus copias por parte de la oposición y las incomparecencias de González son «una flagrante falta de respeto», según la presidenta del Tribunal quien, ha añadido, lo expone a sanciones, aunque no ha especificado de qué tipo.
Fuentes han indicado a Reuters que Estados Unidos ha elaborado una lista de unos 60 funcionarios gubernamentales y familiares que podrían enfrentarse a sanciones como resultado de las primeras medidas punitivas desde la votación. Pese a ello, la mayoría de las soluciones para la crisis propuesta por la comunidad internacional han sido ignoradas o rechazadas por el Gobierno, la oposición o ambos.
Cortesia: RTVE
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